El proyecto de fibra óptica para la Amazonía fue cancelado por el Gobierno Nacional después de que una revisión administrativa, jurídica, financiera y técnica identificara incertidumbres financieras y estimaciones preliminares que podían traducirse en riesgos técnicos, ambientales y de cobertura efectiva.
La iniciativa, considerada estratégica para Putumayo y Amazonas, había alcanzado un valor estimado de $1,14 billones. Identificado en contratación pública como FTIC-LP-001-2026, el proyecto buscaba construir una gran red troncal de fibra óptica para integrar digitalmente a Putumayo y Amazonas con la red nacional colombiana y con conexiones internacionales hacia Brasil mediante la infraestructura InfoVías y otros corredores de telecomunicaciones.
No se trataba simplemente de instalar internet domiciliario, sino de construir la infraestructura troncal sobre la cual posteriormente podían conectarse operadores, instituciones públicas, empresas y hogares.
El proyecto había sido declarado de importancia estratégica mediante el CONPES 4167 de 2025, con una inversión proyectada de $683.170 millones para el periodo 2026–2035, y contemplaba beneficiar alrededor de 227.000 habitantes y 100.000 hogares en Putumayo y Amazonas mediante una red de alta capacidad que conectaría territorios como Puerto Asís, Puerto Leguizamo, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia.
Durante 2026 fue reformulado y su valor aumentó hasta aproximadamente $1,14 billones, un incremento de 67,1 %, equivalente a unos $457.000 millones adicionales. El aumento por sí solo no constituye prueba de corrupción, porque los proyectos de infraestructura pueden reformularse por cambios técnicos, costos logísticos, operación o mantenimiento; lo relevante es que el propio Ministerio reconociera que las nuevas cifras contenían incertidumbres financieras y que varias estimaciones todavía eran preliminares cuando el proceso ya estaba encaminado hacia una licitación de más de un billón de pesos.
Entre las situaciones identificadas aparecen cuatro niveles de riesgo: financiero, técnico, ambiental y de cobertura. El principal hallazgo oficial fue la existencia de incertidumbres financieras, lo que significa que el Ministerio consideró que las cifras para contratar una obra de $1,14 billones no ofrecían suficiente solidez y que parte de los costos, alcances o supuestos todavía no estaban completamente consolidados. El proyecto contemplaba corredores fluviales, subfluviales y terrestres, principalmente siguiendo el sistema del río Putumayo y posteriormente el río Amazonas, por lo que una infraestructura de esta naturaleza exige estudios sobre profundidad y dinámica de los cauces, erosión y sedimentación, navegación, mantenimiento y comportamiento hidrológico.
La cancelación también menciona riesgos ambientales, particularmente relevantes en una obra que atraviesa ríos, bosques y territorios de alta sensibilidad ecológica. En cuanto a la cobertura, el Gobierno señaló riesgos relacionados con la posibilidad de alcanzar efectivamente los 100.000 hogares y más de 227.000 personas contemplados en el proyecto.
El Ministerio no ha publicado el informe técnico, jurídico y financiero que sirvió de fundamento para la decisión de parar la licitación, por lo que todavía no es posible establecer públicamente cuáles fueron las partidas específicas cuestionadas, qué estudios fueron considerados preliminares o cuáles fueron los riesgos ambientales concretos identificados.
Para Putumayo, el impacto es supremamente estratégico, Aquí hay que precisar que Mocoa no estaba dentro del alcance como nodo o punto del proyecto, aunque la infraestructura beneficiaría al territorio en su conjunto; los territorios mencionados expresamente por el DNP son Puerto Asís, Puerto Leguízamo, Tarapacá, Puerto Nariño y Leticia. Por ello, no corresponde afirmar que el cable iba a recorrer directamente Mocoa sin un documento técnico que lo demuestre. La infraestructura, sin embargo, habría fortalecido la conectividad departamental y la capacidad de transportar grandes volúmenes de datos hacia la Amazonía profunda, creando condiciones para que operadores desplegaran redes de última milla y para que instituciones y municipios ampliaran su acceso a servicios digitales, entre los beneficios esperados estaban la educación virtual, la telemedicina, el comercio electrónico, los servicios empresariales, el teletrabajo y nuevas actividades productivas basadas en internet.
La cancelación no desconecta ninguna red existente, porque esa infraestructura todavía no había sido construida, pero el retroceso consiste en que se aplaza nuevamente la posibilidad de cerrar una brecha estructural de conectividad mediante una infraestructura troncal de gran escala desde Brasil hacia Colombia. Esto implica mantener el rezago en infraestructura digital, retrasar la ampliación de servicios públicos digitales en educación, salud, justicia y administración, conservar desventajas para actividades como el comercio electrónico y los servicios empresariales, aplazar la integración de la Amazonía colombiana con Brasil y otras redes internacionales y abrir un nuevo periodo de incertidumbre sobre cuándo podrá construirse la infraestructura.
Fuentes: Ministerio TIC y Departamento Nacional de Planeación.