Duro competir con la falta de profesionalismo de las oficinas de prensa de las entidades públicas del Putumayo

En lugar de entender a los medios de comunicación como aliados naturales para garantizar que la ciudadanía conozca la gestión institucional, en algunos casos se percibe una ilógica competencia, los contenidos publicados los hacen con innumerables restricciones para impedir su reproducción, a la cual les ponen incluso contraseñas, bloqueos de acceso y otras barreras que terminan dificultando que la información pública pueda ser utilizada por los medios en sus propias mesas de trabajo y procesos editoriales.

La información producida con recursos públicos no debería ser tratada como propiedad privada de una oficina de prensa, funcionario o contratista.

Lo más grave aún es cuando los medios tienen que insistir, solicitar y hasta suplicar para obtener información básica sobre obras, inversiones, programas, resultados e indicadores de gestión. La Ley 1712 de 2014, conocida como Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, establece que la información en poder de los sujetos obligados se presume pública y consagra el deber de divulgarla de manera proactiva, oportuna, objetiva, veraz, completa y accesible.

La misma norma reconoce el derecho de cualquier persona a solicitar y recibir información pública. Por eso, entregar información sobre la gestión institucional no constituye una capricho personal del mandatario ni un favor al periodista, hace parte de las obligaciones de transparencia de la administración pública.

También resulta necesario revisar qué se está entendiendo por comunicación institucional.

Una oficina de prensa no puede convertirse exclusivamente en una fábrica de fotografías, videos y mensajes destinados a exaltar la imagen personal del gobernante, la primera dama, su familia o sus acompañantes políticos.

La comunicación pública debe informar sobre decisiones, recursos, contratos, obras, resultados, dificultades, metas y asuntos que permitan a los ciudadanos conocer y evaluar la administración.

La Ley 1474 de 2011, además, establece que la publicidad oficial debe buscar la finalidad de la entidad y garantizar el derecho a la información de los ciudadanos. La imagen del mandatario puede formar parte de una comunicación institucional, pero no puede desplazar el contenido de la gestión pública que la sociedad necesita conocer.

Hay otro asunto que merece una revisión seria, es el perfil profesional de quienes tienen a su cargo estas funciones en las oficinas de prensa.

No estamos asegurando de manera general que las oficinas de prensa de las entidades públicas del departamento incumplen con los requisitos profesionales que deben tener sus funcionarios o contratistas, porque eso tendría que verificarse entidad por entidad en sus respectivos manuales de funciones, plantas de personal y estudios de necesidades de contratación.

Pero precisamente por eso resulta pertinente revisar si los perfiles contratados para ejercer funciones de comunicación de la gestión pública en el Putumayo corresponden realmente a las competencias profesionales del periodismo y la comunicación social. Entender que les están pagando con recursos públicos para ejercer una función pública de la entidad no para caprichos de imagen personal del mandatario, gerente o director.

Una oficina encargada de relacionarse con los medios de comunicación, producir información pública y garantizar su adecuada divulgación requiere conocimiento universitario, criterio periodístico, ética profesional y comprensión de las obligaciones de transparencia y como mínimo la comprensión de la Ley 1712 de 2014,

Pero la responsabilidad tampoco termina en las entidades. Los propios medios de comunicación del Putumayo necesitan hacer una autocrítica.

El crecimiento desaforado de páginas, cuentas personales e influencers que difunden información puede ampliar las posibilidades de comunicación, pero no convierte automáticamente a todos en periodistas ni todo contenido en periodismo.

Informar implica contrastar, verificar, contextualizar, separar publicidad de información, identificar fuentes y asumir responsabilidad frente a la sociedad.

Si las instituciones confunden comunicación pública con propaganda y algunos medios confunden publicación inmediata con periodismo, la que pierde es la ciudadanía, el que se ve afectado de manera grave es el terrirorio.

Se hace necesario recuperar esa relación profesional entre entidades públicas y medios de comunicación en beneficio de una sociedad bien informada para la toma de decisiones con el fin de fortalecer la democracia. Las primeras garantizar acceso oportuno y transparente a la información pública en cumplimiento de la Ley; los segundos aprendiendo, formándose y capacitándose continuamente para utilizar la información con rigor, independencia y sobre todo responsabilidad social.